¿CÓMO ES LA SEGURIDAD VIAL EN LAS CARRETERAS DE MÉXICO Y QUÉ ORGANISMOS LA REGULAN PARA EVITAR RIESGOS Y SINIESTROS?
La seguridad vial en las carreteras de México es un tema de gran importancia que involucra diversos desafíos. Para abordarlos, el país cuenta con instituciones y legislaciones que buscan regular la seguridad vial. ¡Conozcámoslas!
La seguridad vial en las carreteras de México es un tema de creciente importancia en las últimas décadas, especialmente a medida que el número de vehículos y la infraestructura vial han aumentado de forma significativa. La seguridad vial no solo implica la protección de los conductores, sino también de los peatones, ciclistas y pasajeros, y es fundamental para evitar riesgos y siniestros que pueden tener consecuencias fatales.
Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el país cuenta con una red carretera de 51,405 kilómetros (40,562 libres de peaje y 10,843 de cuota) para atender las necesidades de una población de 129 millones de habitantes.
Por este sistema carretero circularon, en 2023, 565 millones de toneladas de carga. El número de pasajeros transportados fue de 3,785 millones de personas, lo que representa el 94% del total nacional.
Sin embargo, durante 2022, se registraron 14,358 accidentes de tránsito, con 2,429 fallecidos y 7,267 lesionados. El Instituto Mexicano del Transporte detalla que el 71% de siniestros de tránsito se atribuyen al conductor, como la falta de prudencia o atención, uso de celular, velocidad excesiva, no usar el cinturón de seguridad, invasión del carril contrario, y no respetar la distancia adecuada entre vehículos en carreteras.
Por su parte, datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) sostienen que, de no emprender acciones globales integrales en los diversos países del mundo, 2.4 millones de personas morirán por accidentes viales en 2030. Es decir, estamos frente a un fenómeno que ya es considerado un problema de salud pública.
EL ABORDAJE GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD VIAL
Uno de los pilares en la regulación de la seguridad vial en México es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 17 de mayo de 2022. Es una ley de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene como objetivo garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
La misma ley establece el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, encargada de coordinar las acciones entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil, para implementar políticas públicas, planes, programas y normas en materia de movilidad. Este sistema busca mejorar la forma en que se desplazan las personas y disminuir la violencia y las muertes por siniestros de tránsito. Además, contempla medidas mínimas para transitar en todo el país, como los límites de alcohol, el uso de cinturón de seguridad para salvaguardar la vida de los pasajeros a bordo de los vehículos, así como el adecuado acatamiento de los límites de velocidad establecidos para cada tipo de vialidad.
Asimismo, el 10 de octubre de 2023, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó, en el DOF, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad 2023-2042. La Enamov busca reducir a nivel nacional por lo menos el 50% de las muertes causadas por siniestros viales para 2030, en consonancia con los objetivos de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidades que estiman cada año alrededor de 1.3 millones de muertes por siniestros viales y más de 50 millones de lesiones, ocupando México el séptimo lugar a nivel de defunciones.
En este apartado, una mención especial merece Caminos y Puentes Federales, encargada de la gestión y operación de la red de carreteras federales y puentes, así como de promover la seguridad vial a través de diversas iniciativas y regulaciones.
CAPUFE efectúa inspecciones de seguridad vial para identificar sitios con alta concentración de accidentes y atender puntos de conflicto. También realiza trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura vial, incluyendo la señalización adecuada y la reparación de carreteras. Igualmente, emite recomendaciones para los usuarios, lanza campañas para promover el respeto a las señales de tránsito y los límites de velocidad, coordinándose también con la Guardia Nacional y cuerpos de seguridad privada para mejorar la seguridad en las autopistas.
ACCIONES PRIVADAS EN PRO DE LA SEGURIDAD VIAL
Por la parte privada, hay organizaciones no gubernamentales que contribuyen al mejoramiento de la seguridad vial en México. Es el caso de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, organismo integrado en 2007 por un equipo interdisciplinario, con el fin de colaborar con empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, en el diseño e implementación de programas y acciones orientadas a prevenir muertes y lesiones graves como resultado de siniestros viales.
La Anasevi organiza diálogos y seminarios para analizar la situación actual de la seguridad vial y trazar metas. Igualmente, cuenta con un observatorio que genera datos, información y conocimiento para apoyar el desarrollo de políticas y programas de seguridad vial. También trabaja para que México cumpla con los estándares de seguridad vehicular recomendados por la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, alertando sobre deficiencias actuales.
No menos importante son las iniciativas de la Fundación Carlos Slim, que se dirige en dos vertientes. Una de ellas es la llamada “Acción Por la Seguridad Vial”, que convoca a instituciones públicas y privadas, con el objetivo de dar recomendaciones y proponer iniciativas para crear una cultura vial en entornos más seguros. Por otro lado, está “Pilotos por la Seguridad Vial”, que promueve una cultura vial ética, responsable y preventiva entre los jóvenes para ser peatones, conductores y pasajeros responsables, que contribuya a salvar vidas y evite que más jóvenes trunquen sus sueños por falta de información y conocimiento.
Como vemos, la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre el gobierno, las instituciones, los conductores y la sociedad en general. Es por ello que, solo a través de la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados, pueden reducirse los riesgos en las carreteras de México, garantizando un futuro más seguro para todos los usuarios de la vía pública.
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